SALUD para TODES

No habrá salud global si no es accesible y equitativa para toda persona.

En una época de continuas pandemias, guerras, conflictos, inestabilidades políticas, carencia de recursos, un gravísimo cambio climático, etc., es urgente reflexionar sobre el papel de la salud y su acceso para poder frenar el impacto de todas estas realidades y priorizar las únicas herramientas que pueden revertir esta corriente: los derechos humanos (DDHH) y el trabajo por la equidad.

La carta internacional de los DDHH establece el derecho a la salud y a la no discriminación de manera universal, pero no todos los países dan cumplimiento a su obligación de proporcionar tratamiento para el VIH, u otros tratamientos esenciales, a la población sin ciudadanía regular, incluyendo a los refugiados, los migrantes permanentes en situación irregular y migrantes temporales. 

Según la Declaración Universal de los DDHH (1948), “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia sanitaria y los servicios sociales necesarios”.

La salud es un derecho humano fundamental que sigue sin ser reconocido, más aún, si tenemos en cuenta que ésta es considerada algo más allá que la ausencia de enfermedad.

«Las violaciones o la inobservancia de los derechos humanos pueden conllevar graves consecuencias sanitarias.
La discriminación manifiesta o implícita en la prestación de servicios de salud viola derechos humanos fundamentales.»

La mayor parte de los problemas de salud, y las principales causas de muerte prematura, están condicionados por factores determinados socialmente, como la educación, el género, la sexualidad, la cultura, la situación laboral, la renta, el lugar, determinadas condiciones de salud más vulneradas (como el VIH, los procesos de transición o la intersexualidad, entre otros) o la vulnerabilidad y exclusión social, que afectan de forma desigual a la población y van más allá del entorno sanitario.

Podemos tener excelentes tratamientos, recursos o personal, pero la mejora de la salud debe incluir también la reducción de las desigualdades a través del trato equitativo.

La falta de equidad (que no igualdad) y acceso suponen la mayor epidemia social y sanitaria.

Es la razón de las problemáticas en salud pública, del mantenimiento de pandemias, de la complicación en el curso de éstas, del impacto de la salud en otras áreas del desarrollo social, etc., etc. Hay infinitos motivos de salud pública, cruciales, por los que priorizar y garantizar el derecho a la salud en toda persona.

El objetivo de un enfoque basado en los derechos humanos es que todas las políticas, estrategias y programas se formulen con el fin de mejorar progresivamente el goce del derecho a la salud para todas las personas. Las intervenciones para conseguirlo se rigen por principios y normas rigurosos que incluyen:

¿Qué ocurre en España?

En el año 2012, el Real Decreto 16/2012, elaborado por el gobierno del Partido Popular, impuso el copago sanitario y las barreras de acceso a determinadas personas según su situación administrativa.

Esta nueva ley supuso el cambio de paradigma de la gratuidad y universalidad de nuestra sanidad, estableciendo un coste para las personas en situación administrativa irregular o sin residencia legal en el país (y aquí no hablamos sólo del migrante que vemos en la TV, también afectaba a estudiantes internacionales, personas españolas dependientes de otra asegurada por su situación laboral, etc.). Se mantenía la asistencia sanitaria universal y gratuita en situaciones de enfermedad grave, pero esto abrió un limbo de interpretaciones subjetivas al ser las Comunidad Autónomas (CCAA) las encargadas de su garantía e implementación: qué se cubría sanitariamente, qué no y a quién se le daba esta prestación garantizada.

Supuso el comienzo de la exclusión sanitaria, del trato desigual en salud según el lugar donde se vive, además de la situación administrativa en el país.

Posteriormente en el 2018, el Real Decreto realizado por el PSOE modificó algunos aspectos y mejoró la universalidad, pero siguió manteniendo la responsabilidad de aplicación en las CCAA. De esta forma, se ha seguido preservando la arbitrariedad en el acceso a la sanidad pública a las personas migrantes en condición irregular. 

¿Qué supone esto en el ámbito del VIH y la salud sexual?

Los migrantes se enfrentan a múltiples factores de riesgo que dan forma a los patrones de susceptibilidad y vulnerabilidad ante el VIH. Una persona migrante tiene riesgos adicionales de contraer el VIH debido al acceso limitado a servicios adecuados de atención médica, protección y justicia, junto con condiciones de vivienda y empleo inseguras.

Desde una perspectiva clínica y de salud pública, la atención y el tratamiento tempranos del VIH, en toda persona, están asociados con la supresión viral, mejores resultados de salud y reducciones en los riesgos de transmisión. El desafío actual de la epidemia del VIH es alcanzar la mayor proporción de supresión viral general entre las personas que viven con el VIH para impactar en la transmisión del VIH y esto incluye irremediablemente a las personas migrantes.

El pasado mes de marzo de 2022, la División de Control de VIH, ITS, Hepatitis virales y Tuberculosis del Ministerio de Sanidad, elaboró el informe «Barreras y dificultades en el acceso a la atención y  tratamiento de las personas migrantes y solicitantes de asilo con el VIH en España«, en el que pone de manifiesto la frecuencia de barreras de acceso a los servicios y tratamiento del VIH a las personas migrantes.

Esto, evidentemente, es aplicable a cualquier otra infección de transmisión genital o relacionada (hepatitis víricas, A – B – C – D, gonorrea, sífilis, clamidia, etc.) u otras epidemias como la COVID19 o la actual Viruela del Mono.

En España hay casi 4.000 nuevas infecciones anuales del virus, de las cuales, aproximadamente un 40% son en personas originarias de otros países, de las que además sabemos que, en su mayoría, adquieren el virus en España.

Es evidente que las barreras y el bloqueo ideológico a la salud de las personas migrantes está condicionando a que España siga siendo uno de los países de la Unión Europea con peores tasas de la pandemia del VIH/sida. Aquí se evidencia además la doble discriminación: racial o de origen y la que sufre el propio VIH, al no priorizar las acciones y estrategias de atención y servicios imprescindibles para su control y erradicación en 2030.

Desde el entorno asociativo y comunitario, entidades como la nuestra, llevamos años reclamando este derecho, el final del apartheid sanitario, y la garantía interterritorial a esas normas y rigurosos procesos que establece la Organización Mundial de la Salud y la Declaración de los Derechos Humanos. Pero la situación continua, y se torna tan grave que hasta las propias sociedades científicas se han sumado a nuestras demandas, elaborando, este 2022, desde IntSA, Amasap, Faecap, SEIMC, SESPAS, SEMAP y la SoMAMFyC un posicionamiento para un acceso a la asistencia sanitaria sin demora, y sin restricciones, para migrantes en situación irregular y solicitantes de protección internacional, al que también nos hemos sumado a través de CESIDA.

Sin embargo, alguna CCAA, como la Comunidad de Madrid, endurece las medidas de acceso y lidera esta exclusión sanitaria, cerrando centros, especialmente en zonas donde residen estas comunidades más vulnerables, o limitando servicios esenciales, en especial en la respuesta al VIH.

Ante la falta de acción, desde el tejido comunitario nos movilizamos.

El próximo 29 de julio, a las 11 horas, se convoca una concentración contra la exclusión sanitaria frente a la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid.

Referencias