¿Son feministas los Objetivos para el Desarrollo Sostenible? (Segunda parte)
La semana pasada os resumimos parte de los puntos claves de las jornadas La salud y los derechos sexuales y reproductivos en la Agenda 2030: ¿Dónde estamos?, organizadas recientemente por la Federación Planificación Familiar Estatal (FPFE).
Esta semana, os hablamos del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en España y de las metas más destacables.
¿Cumplirá España los Objetivos de Desarrollo Sostenible
junto a los Derechos Sexuales y Reproductivos?
En el pasado ya se habían adoptado planes similares y de manera global junto a otros países, con algunos resultados positivos, pero no siempre con los objetivos conseguidos.
Necesitamos una educación sexual integral de calidad, con atención específica a mujeres, adolescentes, jóvenes, migrantes, LGTBI. Que la salud sexual sea un derecho y no un ejercicio excepcional. Esto implica una financiación adecuada, evitar las situaciones de inequidad que se producen entre comunidades autónomas, no expulsar de los recursos sanitarios y educativos a la población que no cumpla con los actuales criterios administrativos, prestar más atención a la formación de los profesionales, evitar que la objeción de conciencia que se permite aplicar a los sanitarios no se convierta en una barrera para muchas mujeres.
El acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva se revela clave para un desarrollo sostenible. Si los gobiernos no integran la salud sexual y reproductiva de manera transversal en sus programas de crecimiento económico, no podrá haber igualdad. De igual forma, sin reconocer de manera explícita la salud sexual y su educación, los derechos humanos seguirán siempre pendientes.
Hay que articular la agenda 2030 con instancias que velen por el feminismo, lo que precisa generar alianzas de la sociedad civil organizada (ONG), exigir la rendición de cuentas a las instituciones para incorporar la sociedad civil y en concreto el movimiento feminista a la incidencia política.
La lucha contra los fundamentalismos religiosos es clave, así como reconocer la valía del trabajo de activistas e identidades minoritarias para superar un modelo social y económico que ya no se sostiene.
¿Qué está fallando en España?
Guillermo González, presidente de FPFE, cuestiona si las metas se están cumpliendo en España. Veamos algunas de estas metas, a modo de ejemplo:
Meta 3.C. Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.
Tendríamos que preguntarnos: ¿se respetan los partos en España si tenemos en cuenta la gran cantidad de cesáreas, episiotomías y posiciones de parto?, ¿y por qué las mujeres no pueden elegir la posición de parto?
Meta 3.3. Proceso de erradicación hasta 2030 del sida y de las enfermedades transmisibles.
En España contamos con un Plan Nacional sobre el Sida que, en los últimos años, ha visto descender su presupuesto a más de la mitad. Las campañas de prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) se delegan a las asociaciones, que reciben menos subvenciones, o de cuantía menor, año tras año. La población migrante más vulnerable no tiene acceso a asistencia sanitaria, aun en casos con diagnóstico sida. Las infecciones de transmisión sexual y genital han aumentado en los últimos años (la clamidia y la sífilis se han duplicado). La prevención, diagnóstico y tratamiento universal de la Hepatitis C sigue pendiente.
Meta 3.7. Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales.
En España, la asistencia sanitaria no es universal. La interrupción voluntaria de embarazo vía farmacológica es muy baja. Muchas comunidades autónomas carecen de programas específicos de anticoncepción. El porcentaje de interrupción voluntaria de embarazo en el sistema privado es muy alto frente al público (88% frente al 11%; 2015). La formación en SSyR (Salud Sexual y Reproductiva) para los profesionales es escasa. Los anticonceptivos financiados también son escasos; faltan campañas de sensibilización y corrección de mitos sobre anticonceptivos y el acceso a la anticoncepción de urgencia es limitado.
A propósito de esto, hay que recordar que en 2011 se aprobó la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (2011), pero que desde entonces no se ha desarrollado ni financiado; sólo Navarra. Valencia y de forma parcial en Asturias y Aragón decidieron contribuir.
Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.
En España existe la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que no se ha correspondido con una situación real de igualdad. La brecha salarial, el menor acceso a salud, que las mujeres presenten más indicadores de estrés y salud mental, las dificultades para conciliar la vida familiar y la persistencia de que la mujer es cuidadora y no cuidada.
Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en el ámbito público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.
Sin embargo, las partidas de prevención de violencia de género e igualdad han descendido en los últimos años. Sólo 9 comunidades autónomas disponen de recursos específicos contra la Violencia de Género (y no las 24 horas).
Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y al formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad.
Pero esta meta no menciona la Educación Sexual, sin la cual no se puede considerar una educación inclusiva y equitativa de calidad.
Meta 5.3. Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina.
En España, en 2014, último año registrado de manera completa, se registraron 36.821 niños víctimas de delitos violentos, de los cuales 3.732 fueron víctimas de abusos sexuales. España tiene pendiente una Ley de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia. Y sólo dos comunidades autónomas han legislado contra el matrimonio forzado.
