«La Unión Africana prohíbe la ablación». Este es el titular que pudimos ver el pasado mes de agosto en diversos medios de comunicación. Una gran noticia que aboga por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de muchas mujeres en el mundo. Pero tengamos en cuenta que, según los datos recogidos en un informe de UNICEF (2016), 200 millones de mujeres y niñas han sufrido mutilación genital en los 30 países de África y Oriente Medio donde se continúa realizando esta práctica.

Que el Parlamento Panafricano, órgano legislativo de la Unión Africana, avale la prohibición de la mutilación genital femenina (MGF) supone un avance más para la lucha contra las desigualdades de género y la violencia contra las mujeres. Tras esta decisión, los países se comprometen a poner en marcha planes de acción para su erradicación.

Un marco legislativo representa una forma de educar en la sociedad, establece una moral social, una noción de lo que es bueno o lo que es malo para la población.

Por lo tanto, este tipo de medidas son fundamentales, pero, la dificultad se encuentra ahora en cómo se pueden hacer efectivas en las distintas regiones. Algunos países africanos ya tienen leyes contra la mutilación genital femenina, como Somalia, donde, desde 2012, la Constitución la prohíbe, sin embargo, el 98% de las mujeres han sufrido mutilación genital en este país.

La medicalización de la MGF en Egipto, con legislación desde 2008, es una tendencia promovida por profesionales de la salud con la justificación de asegurar las condiciones sanitarias adecuadas y evitar posibles infecciones. El endurecimiento de estas leyes, tipificando la práctica como delito grave, tiene como consecuencia la disminución de la frecuencia como apuntan los últimos datos de Unicef (prevalencia del 70% en 2015 frente al 97% del año 1985).

Las medidas legales para que realmente sean efectivas, por tanto, deben ir acompañadas de medidas educativas y sensibilización en la población.

Es importante tener en cuenta que esta práctica tiene un gran arraigo cultural y que se mantiene por una serie de creencias erróneas muy asentadas entre la población: forma parte de ritos de iniciación; es necesaria para que las mujeres sean aceptadas en el grupo y contraer matrimonio, que es una imposición religiosa; porque es más higiénico; previene la promiscuidad… Todos estos mitos se transmiten de generación en generación y resultan muy complicados de desmontar, sino se desarrollan programas de sensibilización y educación sobre las consecuencias y efectos perjudiciales que tiene sobre las mujeres.

Las zonas rurales son, como norma general, las que más enraizadas tienen este tipo de tradiciones, ya que es más difícil el acceso a la educación y, por tanto, también a los sistemas de control que impongan las leyes.

Por todos estos motivos y, en respuesta a la pregunta formulada en este post, la erradicación de la mutilación genital femenina y, por tanto, la defensa de los derechos de las mujeres y el respeto a su integridad física, pasa por legislar pero también por educar y concienciar haciendo un verdadero análisis de la compleja realidad que representa esta práctica.

En este contexto, hay que destacar el trabajo comunitario desarrollado por múltiples organizaciones no gubernamentales, como el que realiza en Gambia la Fundación WASSU-UAB reflejado en el documental Un futuro sin mutilación. Una cascada de transferencia del conocimiento: