Hace tres años que entró en vigor elReal Decreto 16/2012, en el que se dejaba de dar asistencia sanitaria a las personas migrantes en situación irregular. Este decretazo se aprobó en un contexto de pobreza y exclusión social en el que la población inmigrante fue la más afectada.
Para justificar el real decreto, se argumentaron razones de ahorro presupuestario (más que discutible y no probado) y con tinte xenófobo, como acabar con el supuesto abuso de los servicios sanitarios por parte de la población inmigrante.
Además, fragmenta la cartera de servicios en común básica, suplementaria, accesoria y complementaria, y deja la puerta abierta a sacar servicios que no se encuentren en la básica de la financiación pública. Contempla copagos que limitan la accesibilidad económica, o deja a criterio de cada comunidad la oferta de ciertos servicios, con las inequidades que esto pueda suponer y los potenciales beneficios para la sanidad privada.
En definitiva, lo que propone este real decreto es un cambio de sistema sanitario hacia otro menos solidario, no universal y que pierde capacidad y prestigio frente a la sanidad privada.
Según la Comunidad de Madrid, en 2012, 55.792 personas se quedaron sin derecho a asistencia sanitaria y en junio 2013, 39.099 personas permanecían sin derecho a la asistencia sanitaria y a la emisión de tarjeta. En 2014, el 12, 9 % de la población inmigrante empadronada en la Comunidad de Madrid estaría en situación irregular (120.000 personas), teniendo en cuenta que muchas personas no están empadronadas y no ha sido posible recoger los datos oficiales.
Y ¿qué opción tenían estas personas no beneficiarias del sistema sanitario?
La Viceconsejera del Servicio Madrileño de Salud firmó las instrucciones sobre la asistencia sanitaria a prestar por el sistema Madrileño de Salud a todas aquellas personas que no tengan la condición de asegurado; destacando en estas Instrucciones la creación de un Convenio Especial en el que se les permite acceder a la asistencia sanitaria mediante un pago de 60€ al mes (personas de 18 a 64 años), y de 157€ al mes las mayores de 64 años.
¿A qué nos suena esto?
Pues, efectivamente, a un seguro privado gestionado por la Administración Publica; eso sí, solo para una cartera básica de prestaciones (sin prestaciones farmacéuticas, prótesis…) El 11 de diciembre del 2013, sólo 47 personas habían solicitado ese Convenio debido a la falta de información de su existencia (falta de información tanto a los usuarios como a los profesionales sanitarios), al elevado precio para una población sin recursos; al miedo de los inmigrantes en situación irregular de acercarse a los recursos sanitarios…
Esta normativa reconoce la asistencia sanitaria en situaciones especiales:
- De urgencia por enfermedad grave o accidente sin facturación (tanto en centros de atención primaria como en hospitales).
- De asistencia al embarazo, parto y post-parto.
- Los menores extranjeros.
- Victimas de tratas de seres humanos en periodos de restablecimiento y reflexión cuya estancia temporal haya sido autorizada.
- Asistencia sanitaria en los supuestos de salud pública.
Vamos a analizar la última situación con más detenimiento porque son los casos que hemos atendido en Apoyo Positivo durante estos años.
En el año 2014 atendimos a más de 50 personas en esta situación, consiguiendo el acceso de todos ellos a los tratamientos y a un seguimiento médico, pero trabajando caso a caso por los escollos que nos íbamos encontrando por el camino.
Según la normativa de la Comunidad de Madrid, todas aquellas personas que estuviesen en este supuesto, no sólo tendrían asistencia médica, sino que se suministraría la medicación para todas estas enfermedades de Declaración Obligatoria (VIH y Hepatitis, incluídas) y las patologías asociadas a estas enfermedades, pero esto no siempre es así. En Apoyo Positivo nos hemos encontrado con muchas barreras administrativas para conseguir que todos y cada uno de ellos accediera tanto a la atención del especialista como al tratamiento antirretroviral. Nos hemos encontrado con casos que no han sido atendidos porque los profesionales administrativos que trabajan en los centros de atención sanitaria no sabían de esta normativa y no les han dejado ser atendidos por los profesionales sanitarios; casos en los que sólo se les ha abierto un CIPA para Transeúnte en Situación Irregular para un día, lo que ocasiona que al darles cita con el especialista estuvieran fuera del sistema; casos en los que les han facturado por el servicio, pese a que no debería ser así; casos en el que ha habido problemas con la dispensación del tratamiento antirretroviral o con otro tipo de tratamientos asociados al VIH o al sida; casos con retraso en el seguimiento médico y el acceso al tratamiento, lo que pone en peligro la salud de la persona; casos en los que los médicos de atención primaria decían estar con las manos atadas a la hora de derivar al especialista…
Esto se ha debido sobre todo a la mala contextualización, tanto del Real decreto 16 /2012 como a la Normativa de la Comunidad de Madrid, y a la mala organización de la administración pública a la hora de informar y formar a sus trabajadores en referencia a esta normativa, a los carteles disuasorios de los propios centros sanitarios en los que se requiere de tarjeta sanitaria para ser atendidas y a la no información del publico beneficiario.
Y así hemos llegado al 2015, donde el actual Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, reconoce desde el ministerio el error de dejar a grupos de personas sin atención sanitaria y ha anunciado que los migrantes sin permiso de residencia podrán tener acceso a la Atención Primaria, aunque no tarjeta sanitaria.
Pero nos siguen surgiendo dudas.
Porque significa seguir sin reconocer el derecho a la protección de la salud presente en todas las Convenciones de Derechos Humanos y en nuestra Constitución. Es seguir con el no tienes derecho. Pero, ¿qué pasa con las personas a las que se les diagnostica un cáncer o una diabetes y que no pueden ser derivados al especialista, por lo que no podrán recetarles los medicamentos que necesita?
Porque aunque no sea legal, a la gente sin tarjeta sanitaria, le deniegan la atención sanitaria a diario.
Porque aunque no se pueda, a la gente sin tarjeta sanitaria se le cobra en urgencias a diario.
Porque no dicen si la atención primaria será facturable.
Porque no sabemos si se podrá acceder a pruebas complementarias.
Porque no confiamos en que salgan ahora, en momento electoral, a vendernos una solución a medias.
Desde Apoyo Positivo, desde hace tres años, pedimos la derogación del Real Decreto 16/2012 y la asunción de responsabilidades por parte del Ministerio y de la Consejería por unas medidas innecesarias, prejuiciosas, xenófobas y que atenta contra los derechos y la salud de la ciudadanía.
Y no somos los únicos, por eso queremos terminar este post con un agradecimiento a todos los profesionales del ámbito sanitario que luchan por una sanidad universal para todos, a la Marea Blanca como ejemplo de movimiento de ciudadanía activa, a yoSísanidaduniversal por informar, compartir experiencias, crear grupos de acompañamiento y asesorar a profesionales y usuarios de la sanidad, y a todas las asociaciones, voluntarios y demás profesionales que luchan por lo mismo que nosotros: una sanidad universal para todos.
(La imagen corresponde al cartel de las urgencias del Hospital 12 de octubre. Imagen: CESIDA)
