En España, cada día hay una media de diez nuevos diagnósticos de VIH, pero, a pesar de las nuevas infecciones, los recursos para este colectivo lejos de mejorarse o ampliarse cada vez son menos.

Aunque existen diferentes normativas respecto al derecho antidiscriminatorio, hoy en día todavía nos encontramos con barreras que afectan a las personas que viven con VIH, en distintos ámbitos, y que vulneran sus derechos. Entre ellas, podemos encontrar el acceso a recursos residenciales o vivienda.

En los últimos años, las subvenciones públicas han visto recortados sus presupuestos para planes de prevención, educación e intervención en colectivos vulnerables, como el de las personas que viven con el VIH y el colectivo LGTBI. Desde la Comunidad de Madrid no hay ninguna respuesta sobre qué va a pasar con las subvenciones específicas para VIH, ya que no se han convocado desde 2014, en el caso de Asistencial, y desde 2015, en el caso de Ayuda Mutua. Esto hace que cada vez más entidades vean reducidos sus servicios y programas, teniendo incluso que acudir a créditos bancarios  para poder continuar con los mismos y evitar el cierre.

Además de las subvenciones, los recursos públicos, en concreto las viviendas dedicadas a la reinserción sociolaboral, cada vez son menos e insuficientes, con disponibilidad de pocas plazas, saturados y limitados en profesionales. Hasta diciembre de 2016, las personas con VIH de la Comunidad de Madrid contaban con el recurso de La Casa de Acogida de Cruz Roja, pero este recurso cerró sus puertas y dejó a los usuarios con muy pocas opciones.

Muchas personas con VIH, que en ocasiones viven también con diversidad funcional o biológica (mayores de 65 años), y con grado de discapacidad reconocido, ven limitadas así las opciones de acceso a estos recursos de vivienda por limitaciones discriminatorias. No debemos olvidar el difícil acceso a la compra de viviendas por parte de las personas que viven con el VIH, ya que los seguros de vida, que hay que firmar de manera obligatoria, en su mayoría excluyen a las personas que viven con este virus. Hasta que no se modifique la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, con el fin de declarar como nulas o no vinculantes las clausulas que excluyen a las personas con VIH (Proposición Aprobada en el Congreso recientemente), sus derechos seguirán siendo vulnerados y se les impedirá acceder a los mismos servicios que sí tienen el resto de los ciudadanos.

También existen restricciones en el acceso a recursos residenciales públicos, centros de día, centros públicos, etc., para personas con algún tipo de enfermedad infecto-contagiosa. Esto nos lleva a la necesidad de prestar atención a este término, ya que al ser considerada aún la infección por VIH como “infecto-contagiosa” a nivel jurídico, en lugar de “infecto-transmisible” como está demostrado científicamente, provoca que se dificulte el acceso a recursos sociales a personas con VIH.

Gesida realizó un llamamiento dirigido a los grupos parlamentarios pidiendo el cambio de este término, ya que el VIH sólo puede transmitirse por el intercambio de fluidos y, además, una persona tratada de forma correcta y con carga viral indetectable no transmite el virus, ya que cuando la persona es INDETECTABLE es INTRASMISIBLE. Y es el mejor conocimiento de la enfermedad, en especial en lo que se refiere a las vías de transmisión, lo que permite valorar de forma muy diferente el riesgo que, para la salud pública, supone la convivencia con personas que viven con el VIH.

Desde Apoyo Positivo continuamos con el programa Piso Autogestionado que llevamos implementando desde hace años, donde trabajamos con personas con VIH, VHC y del colectivo LGTBI. Defendemos y exigimos el respeto de los derechos humanos universales,  denunciamos los casos de discriminación que se producen y apoyamos a las personas que sufren esta vulneración de derechos de manera integral en los diferentes ámbitos de la vida.

Si quieres más información sobre este programa, puedes escribirnos a info@apoyopositivo.org o llamar al 913581444